Cd. Delicias, Chih. 29 de marzo de 2024


Pretende la federación dejarle a Corral solamente el discurso, y lo puede hacer

Fecha/hora de publicación: 17 de febrero de 2018 10:29:13

Durante la última parte de la administración de Cesar Duarte, se había ordenado por parte de la fiscalía, se archivaran diversas denuncias en contra del ex gobernador, así como de otros funcionarios, precisamente para evitar que fueran sancionados.

Al entrar la presente administración de Javier Corral, de inmediato dio marcha atrás con estas denuncias, las cuales continuaron en su integración y eventualmente se judicializaron y hoy forman parte del caudal de procesos penales que esperan al ex gobernador, cuando sea extraditado a México.

El día de ayer, también se dio a conocer que un Juez de control federal Gerardo Moreno García, a solicitud expresa de la defensa del imputado Alejandro Gutiérrez Gutierrez, resolvió en audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, asumir la instrucción del proceso penal por peculado agravado, que jueces locales instruyeron el año pasado en contra del político Coahuilense apodado "La Coneja" y del exdirector del Comité de Adquisiciones en la pasada administración estatal, Antonio Enrique Tarín García.

El juez Federal, resolvió que el fuero común de Chihuahua no es competente para conocer del asunto, en virtud de que el recurso por el cual están siendo procesados corresponden al ramo educativo y por lo tanto en uno de los cajones donde aporta el Gobierno de la República, por lo que caen dentro de la competencia federal.

Al respecto, hay que recordar que en el año de 2002, a iniciativa del diputado Jorge Alberto Lara Rivera del Partido Acción Nacional, se presentó una reforma al artículo 73 la Constitución Federal de la República, que habla de las facultades del Congreso, la cual fue aprobada y se refiere a Reclasificar el marco de facultades del Congreso de la Unión en materia de control, fiscalización de función legislativa y de contenido jurisdiccional, como es el caso de la tramitación de juicio político y declaración de procedencia, así como abrir un espacio para todas aquellas funciones que no admitan una clasificación especial.

Es en base a esta reforma Constitucional, que el juez de distrito está solicitando a la fiscalía del Estado, que en los próximos 5 días, le sean entregadas todas las actuaciones que obran en la carpeta para ser procesados en juzgados federales.

Lo que seguramente la fiscalía presentará como su principal argumento, es que los recursos siendo federales, fueron radicados al Estado, de tal forma que al ingresar pierden su esfera federal e ingresan en la estatal y de esa forma, es el estado quien se convierte en víctima y no la federación, porque ya no son recursos federales

Al respecto es necesario remontarse a la Ley de Coordinación Fiscal, donde se establece con absoluta claridad que todos los recursos que la federación le entrega a las entidades del país, jamás pierden su calidad de federales, y solamente el dinero que se entrega mediante convenios como los 900 millones, son Estatales.

A mayor abundamiento, el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, establece que las adquisición es, arrendamientos y la contratación de servicios y de obra pública con cargo total o parcial a fondos federales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Federal, el Estado y los municipios, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal de la Materia.

El desacato a la orden de un juez federal, trae aparejadas medidas de apremio, que pueden representarle a los jueces de control de Chihuahua, no solo multas, sino también sanciones penales por no acatar órdenes del juez superior.

Por otra parte, el regreso de los magistrados Gabriel Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham Ramírez Alvidrez, en estricto derecho, no constituye un triunfo para ellos, o derrota para el Consejo de la Judicatura, quien ordeno su destitución; son decisiones de los jueces de distrito que consideraron que mientras se estudia el fondo del asunto, los magistrados puede continuar en el cargo, sin tener ninguna restricción, respecto de su salario y demás prestaciones, así como de las facultades jurisdiccionales.

Por otra parte, tras de criticar que los legisladores locales están más preocupados por "casar maricones" que en revisar los ordenamientos legales que nos regulan como sociedad, el ingeniero Joaquín Gilberto Treviño, quien fue propuesto por la UACH, para integrarse en el comité ciudadano anticorrupción, dio la nota del fin de semana.

Sin embargo, en su conformación, los legisladores eliminaron el requisito que los aspirantes no fueran militantes de partidos políticos, cuando el ingeniero José Antonio Enríquez Tamez, es un distinguido miembro del PAN desde 1985, quien demás fue designado como presidente, y aunque abiertamente considero que no había conflicto de interés, esta afirmación quedó en el absurdo.

De 30 entidades del país que ya conformaron sus comités, en su gran mayoría –salvo Chihuahua- armonizaron con la Ley General del Sistema Anticorrupción de que no fueran partidistas; además tampoco consintieron los diputados el requisito de que no fueran funcionarios o servidor público; total que el espíritu ciudadano del Consejo, fue suprimido por el nefasto interés partidista......... (netoaviles@gmail.com

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